- La nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece la obligatoriedad de implantar un “sistema interno de información” para conocer conductas irregulares en determinado tipo de organizaciones. La Norma UNE-ISO 37002 indica cómo se puede implantar un sistema de esas características.
- El sistema de gestión que establece la norma es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente del tipo, tamaño, naturaleza de su actividad y del sector al que pertenezcan (público, privado, sin ánimo de lucro).
Tras la publicación de la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cobra especial relevancia la Norma UNE-ISO 37002 Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades. Directrices. Se trata de un estándar mundial compatible y complementario con la legislación, que ofrece directrices sobre cómo establecer, mantener y mejorar un sistema de gestión de la denuncia de irregularidades en las organizaciones, basado en los principios de confianza, imparcialidad y protección y referido a todas las fases necesarias para la gestión de las mismas: la recepción, la evaluación, el tratamiento y la conclusión.
El texto legal establece la obligatoriedad de implantar un “sistema interno de información” para conocer conductas irregulares en determinado tipo de organizaciones; en este marco, la Norma UNE-ISO 37002 indica cómo se puede implantar un sistema de esas características. Además, este sistema puede ser una herramienta de gobernanza y de gestión muy importante para otras muchas organizaciones que quedan fuera del ámbito de la ley.
La Ley 2/2023 incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que impulsa los procesos de información (alerta/denuncia) y ofrece protección al informante (alertador/denunciante), al entender que esos procesos son claves a la hora de impulsar investigaciones y asegurar una aplicación coherente del derecho europeo.